Corte Suprema hará públicos procesos en los que intervino exfiscal Moreno

Según Jorge Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, esta es una crisis bastante aguda en el sentido de que mina la credibilidad de la sociedad en sus jueces. Desde septiembre de 2006, en el gobierno de Álvaro Uribe, se conocieron muchas conductas de la Corte Suprema que afectaron de manera grave el proceso de paz que llevó a cabo de manera exitosa ese Gobierno.

Cuando la sal empezaba a corromperse en sus últimos bastiones, cayó la Corte Suprema de Justicia; ese último resguardo que le quedaba al idealismo frente a los carruseles y los círculos mafiosos de los juzgados centrales en Colombia, y cayó estallando por dentro, con las declaraciones de sus aliados estratégicos y sus socios antiguos, con todas las pruebas posibles y las anécdotas del tiempo para combatir cualquier recurso de apelación. $500 millones habría recibido el exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt, expresidente de la Corte Constituciona, por una decisión relacionada con el caso Fidupetrol.

Magistrados lamentaron el hecho y pidieron, además, que no se estigmatice a todos los miembros del alto tribunal.

Por otro lado, los expertos concuerdan en que desde hace unos años el país ha visto como se ha descompuesto la ética y la moralidad de los funcionarios. Para los juristas, la academia debe cumplir una labor importante en la formación de sus estudiantes y la ética debe ser un elemento fundamental para contrarrestar estos casos de descomposición profesional de los funcionarios de las instituciones del país. Y añadió que "el problema de la corrupción del país no es un problema de estructuración de la Rama Judicial, es de la sociedad colombiana y de las personas".

Manifiesta que establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones de todos aquellos que real o presuntamente hubieren incurrido en conductas reprochables, en los ámbitos ético, disciplinario y penal, es una obligación de inexorable cumplimiento por parte de las autoridades competentes y una manifestación de confianza en las instituciones. A propósito Los implicados en el escándalo Leonidas Bustos. Fue el vocero en mayo de 2015 cuando las cabezas de las altas Cortes propusieron una Asamblea Nacional Constituyente por el desacuerdo que tenían con el trámite de la reforma de Equilibrio de Poderes, por considerar que no resolvía el desajuste institucional en materia de justicia, reforma que finalmente fue aprobada creando un Tribunal de Aforados.

Está Comisión oficia al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez la solicitud de conformar un grupo de tarea especial con investigadores criminalísticas del CTI. Tarquino fue presidente de la Corte en 2011, a la que llegó en 2008 para la Sala Laboral.

  • Leon Brazil