La Oficina Anticorrupción difundió un duro informe sobre Triaca

Le reprochó a Triaca que "debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación" y le aconsejó evitar decisiones que "pongan en riesgo la imagen de la función pública".

La Oficina Anticorrupción emitió un dictamen respecto de la actuación del ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Alberto Jorge Triaca, al haber empleado en el SOMU -un sindicato intervenido por ese ministerio- a una empleada de su familia. "Si yo estaba en el SOMU y había un evento tenía que irme volando para la quinta (del ministro)", detalló Sandra Heredia a Radio con Vos en una entrevista cuando salió a la luz la polémica. "Sandra, no vengas ¿eh?" Luego la empleada denunció que los Triaca la mantuvieron en la informalidad durante sus años de trabajo y que finalmente fue designada como empleada en la intervención del SOMU y luego como delegada de la filial de San Fernando. Él me dijo que mi prioridad era la quinta.

Tal como reveló el portal #BorderPeriodismo, la oficina que dirige Laura Alonso sostiene que "el funcionario no pudo desconocer que la Sra". "Su relación laboral con el hermano del Sr".

Según el documento, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que "debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra Heredia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), transmitiendo al entonces interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)". Carlos Leonardo TRIACA y que prestaba servicios a su familia -incluyendo al Sr.

En la misma línea advirtieron que "en un momento institucional donde la ética y la transparencia se señalan como valores fundamentales de la gestión de gobierno, las autoridades deben no sólo actuar con rectitud, integridad e independencia de criterio sino proyectar una imagen de cumplimiento de dicho comportamiento, a fin de no debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Alonso aclaró que el organismo no tiene "atribuciones legales" para sancionar a los funcionarios y que sus dictámenes "buscan generar estándares de conducta ética".

  • Leon Brazil