México reitera que no hubo tortura en caso Ayotzinapa

Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura -afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.

Imagen de una protesta el 26 de abril pasado en la Ciudad de México.

- El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó hoy en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de "incumplir" con sus obligaciones y ofrecer una "versión parcial" sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.

Asegura dicha publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de la Oficina del Alto Comisionado de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del acuerdo.

Además, señala, desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el gobierno de méxico manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.

Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron "diversas reuniones de alto nivel" con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que "emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial".

El documento de observaciones del Gobierno fue igualmente entregado al mecanismo de seguimiento del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168 período de sesiones en la capital de República Dominicana, donde el caso se examinará este martes.

"Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura", enfatizó.

En el informe, la ONU-DH denunció violaciones de derechos humanos contra personas procesadas en la investigación del caso Ayotzinapa.

"Es importante recordar que, en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos", añadió.

El 27 de enero de 2015, el entonces procurador general (fiscal general) Jesús Murillo anunció que el caso estaba resuelto con una "verdad histórica".

  • Leon Brazil