El Supremo rechaza la extradición de Puigdemont sólo por malversación

El 'culebrón Puigdemont' podría estar en sus últimos capítulos.

El tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha aprobado este jueves la extradición a España del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

La decisión del tribunal asesta un golpe a los motivos presentados por España para reclamar su extradición, ya que impide un juicio por rebelión.

La defensa de Puigdemont avanzó hoy ya su intención de recurrir la decisión ante el Tribunal Constitucional alemán, indicaron a Efe fuentes del entorno del expresidente catalán, que aseguraron que se encuentra tranquilo y animado, aunque mantiene la prudencia. "La magnitud de la violencia (continúa) necesaria para la alta traición no fue alcanzada durante los altercados", en referencia a la jornada del 1 de octubre del año pasado cuando el gobierno catalán que dirigía Carles Puigdemont organizó un referéndum ilegal.

La Fiscalía indicó luego que "decidirá pronto sobre la autorización de extraditar al acusado por malversación de fondos".

Puigdemont no ha sido un "líder espiritual" de la violencia, señala la resolución; el orden constitucional español no ha sido amenazado, ni se ha violado la paz social.

Además, decidió que Puigdemont no entre en prisión preventiva, desoyendo la petición de la fiscalía, ya que "siempre" ha cumplido con las obligaciones derivadas de su estado actual de libertad bajo fianza.

"La justicia alemana niega que el referéndum del 1 de octubre fuese rebelión", celebró Puigdemont en un tuit.

Puigdemont sólo podrá ser juzgado por el delito por el que se le extradite. Mientras algunas de esas personas podrían ser condenadas a hasta 20 años de cárcel por rebelión, Puigdemont, su jefe, lo sería a un máximo de ocho años. Se declaró muy contento y afirmó que se demuestra, una vez más, los engaños y mentiras de una causa judicial que nunca debería haberse iniciado.

En sus primeras declaraciones sobre la entrevista que el pasado lunes mantuvo en La Moncloa con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reconocido que las posiciones de ambos están muy alejadas, ya que él defiende el autogobierno y este último la autodeterminación, pero ha subrayado que lo importante es "empezar a dialogar" para ver "a dónde puede llevar" ese camino.

Europa siempre dio la espalda al proceso separatista catalán.

El delito de malversación de fondos públicos, según el Código Penal español, castiga a la autoridad o funcionario que sustraiga o consienta que se sustraigan los caudales o efectos públicos que tiene a su cargo a la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación política de seis a diez años.

  • Leon Brazil