Este día aplicarán inyección letal a mexicano en EU

El 7 de febrero de 1992, uno de sus vecinos "oyó un grito de mujer y la esposa del señor Moreno Ramos y sus hijos nunca volvieron a ser vistos", se recoge en documentos judiciales.

Tras la ejecución, el gobierno mexicano, a través de Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la ejecución de Moreno Ramos que considera una "franca violación al fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia" conforme al cual Estados Unidos "estaba obligado a revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia impuesta al connacional".

Moreno Ramos fue uno de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Le administraron una inyección letal en la prisión de Huntsville (cercana a Houston).

Los abogados de un mexicano que está condenado a muerte en Texas por matar a martillazos a su esposa y sus dos hijos dicen que a su cliente se le debería perdonar la vida porque padece de "desorden bipolar, lesiones cerebrales" y sufrió abusos severos durante su infancia.

Las investigaciones de los asesinatos de la mujer de 42 años, un menor de siete y otro más de tres, apuntaron a que Roberto asesinó a su familia y tres días después contrajo nupcias con otra mujer. Cuando las autoridades le pidieron registrar su hogar, ella no se opuso.

Una investigación conjunta de autoridades mexicanas y estadounidenses halló sangre en el inmueble de Texas y un mazo ensangrentado en la residencia de su nueva esposa en México.

Cuando Moreno era cuestionado sobre el paradero de su familia, respondía con evasivas, pero con el tiempo confesó que sólo había matado a su esposa, aun cuando los tres cuerpos tenían heridas similares en la cabeza. Por tal razón fue detenido por unas infracciones de tráfico pendientes.

Y esto no se respetó en el caso de Moreno, pese a que Estados Unidos se adhirió a esta convención en 1969. "El Consulado se dio cuenta 11 meses después de la situación".

La falta de notificación al consulado mexicano en el proceso de Moreno no fue un caso aislado, y fue por eso que México llevó a su país vecino a la CIJ en 2003 por haber impedido a sus representantes brindar protección a más de medio centenar de presos que acabaron en el corredor de la muerte.

Texas, sin embargo, volvió a desoír las presiones diplomáticas, así como el fallo de la CIJ, como ya había hecho con otros cinco mexicanos ejecutados en la última década en el estado sureño.

La determinación de la Suprema Corte puso al descubierto el vacío legal que existe en Estados Unidos, donde se carece de una ley que obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que este país firma con otras naciones del mundo.

"México también condena el incumplimiento de las medidas cautelares emitidas en el presente caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 8 de noviembre de 2002, que solicitó adoptar al gobierno de Estados Unidos".

  • Leon Brazil