Un Supremo dividido aplaza la sentencia sobre las Hipotecas... - ¡Viva la Pepa!

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha dicho que "hay que respetar" las resoluciones judiciales y se ha referido muy brevemente al criterio establecido por el alto tribunal respecto al impuesto hipotecario, simplemente para recordar la obligación de respetarla.

Giro radical del Tribunal Supremo sobre el asunto del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en las hipotecas.

Tras 16 horas de debate, en dos jornadas consecutivas, los 28 magistrados que componen el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo han determinado este martes por la tarde que sea el cliente, y no la banca, quien asuma el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), rectificando así la sentencia del pasado 18 de octubre que estableció que fueran las entidades quienes se hicieran cargo del mismo.

En esta reunión plenaria se confirmará o rechazará la jurisprudencia creada después de que el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, pidiese un día después de conocerse la sentencia que se revisase esta decisión "con carácter urgente". El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se ha tocado en el debate de este lunes.

Aplazada de esta forma la sentencia del contencioso administrativo, hay que reseñar que, al margen de lo que se decida definitivamente mañana, todo este conflicto ha dañado gravemente el prestigio de la Justicia y, sobre todo, la credibilidad del Tribunal Supremo.

A la intervención de cada uno de ellos le ha seguido la de sus compañeros del pleno, siendo los primeros en exponer su posición los magistrados más modernos de la Sala Tercera, aunque ese orden, de más moderno a más antiguo en ella, no se ha cumplido durante toda la reunión. También negó que hubiera recibido llamadas de entidades bancarias para forzar dicha revisión.

El presidente del PPC, Xavier García Albiol, considera que la decisión del Tribunal Supremo de que sea el cliente quien pague el impuesto vinculado a la constitución de una hipoteca es "un grave error de consecuencias sociales imprevisibles".

Para evitar ese riesgo de colapso, del que el Tribuanl Supremo ya tiene sobrada experiencia con las reclamaciones que se produjeron por las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios la decisión que se adopte debería contar con una mayoría lo más próxima a la de dos tercios de los magistrados que participen en el pleno.

Díez-Picazo, colocado con calzador en la Presidencia de la Sala Tercera de lo Contencioso del Supremo por el propio Lesmes, forzando la salida de su titular José Manuel Sieira, ha compaginado su labor como juez con la docencia en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca, la patronal del sector, con lo que se produce la inevitable sospecha de presiones por parte de un sector que ha perdido en Bolsa con la sentencia de Octubre, más de 60.000 millones de euros, a raíz de su, publicación, ante la desidia de Díez-Picazo.

Sin embargo, se baraja la opción de que el Supremo apueste por una retroactividad limitada, solo aquellos que pagaron el impuesto desde octubre de 2014 -en torno a 1,5 millones de contribuyentes según Gestha- podrían reclamar su devolución a la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma.

  • Monte Muniz